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Notas de Prensa | 26 Abril 2018
CONFIEP: EN DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD REGULATORIA Y DE LA ESTABILIDAD JURÍDICA

Expresamos nuestra profunda preocupación por las señales de posible desamparo de la institucionalidad regulatoria y afectación de la estabilidad jurídica expresadas en los recientes anuncios sobre la revisión de los peajes a nivel nacional establecidos en respectivos contratos de concesión por un lado, y el de anulación del reajuste tarifario del servicio de agua potable dispuesto por SUNASS, para la región de Moquegua, por otro.

 

A fin de garantizar un adecuado y mantenimiento y operación de las vías, los contratos de concesión para infraestructura vial suscritos con el Estado peruano tienen como componente el cobro de peajes, así como sustentar el retorno de la inversión. Cabe destacar que actualmente, solo el 25% de las vías nacionales se encuentran concesionadas. Es decir, el 75% es el espacio que está pendiente para concesionar en todo el país y para que ello se logre debemos dar señales correctas a los posibles inversionistas.

En CONFIEP promovemos la inversión privada. En ese sentido, invocamos al Estado peruano a defender la institucionalidad para lograr cubrir aquellas brechas para retomar el impulso económico que hoy, más que nunca, necesitamos. Acciones como anunciar la revisión de contratos ahuyenta las inversiones, y afecta el sistema de concesiones de nuestro país. Estamos comprometidos plenamente con el desarrollo del Perú y, por ende, con la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Es así que tenemos que seguir trabajando para brindarles mejores carreteras y servicios a nuestros compatriotas, para lograr el ansiado desarrollo que nos hemos comprometido a alcanzar, juntos.

La segunda preocupación, es la posibilidad señalada de dejar sin efecto el incremento tarifario del servicio de agua potable dispuesto por SUNASS, en la región de Moquegua, desconociendo así las facultades de este Organismo Regulador y violando su autonomía. Para ser un país competitivo e ingresar a la OCDE, requerimos brindar accesibilidad y mejorar los servicios básicos para que más peruanos cuenten con ellos. Para lograrlo, requerimos continuar trabajando para mejorar la infraestructura de nuestro país.

Invocamos al Poder Ejecutivo a defender la institucionalidad de las entidades públicas, así como a exigir el respeto correspondiente a la estabilidad jurídica, ambos requisitos para lograr el desarrollo económico sostenible que necesitamos, para generar más empleos y continuar luchando contra la pobreza.


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