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Noticias | 15 Junio 2015
Actualmente no se pueden instalar antenas de telefonía en el país

En nuestro país, existe una paralización absoluta respecto a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, afirma el jefe del área legal y regulatoria de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Julio Bustamante.

Para el especialista, la Ley Nº 29022 (Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones) y su reglamento aún tiene pendiente definir el denominado instrumento de gestión ambiental y eso genera el rechazo de los expedientes presentados ante diversos municipios en el territorio nacional.

Recuerda que la inversión en el sector telecomunicaciones es importante y contribuye al crecimiento del PBI y del país en su conjunto. Sin embargo, la falta de definición por parte del MTC, ha provocado un vacío legal y determina que ninguna empresa pueda solicitar licencia para instalar infraestructuras de telecomunicaciones en ningún lugar del país.

Por ello, aclara que es grave que se pretenda incluir a las infraestructuras de telecomunicaciones dentro de los alcances del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, puesto que no tienen afectación alguna al ambiente. Esta restricción estaría considerando establecer licencias sociales o autorizaciones previas sujetas a procedimientos de aprobación para la obtención del IGA, para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones inalámbrica, subterránea, fibra óptica y las obras civiles que pueden implicar, tanto en zonas urbanas como rurales.

Bustamante precisa que esta situación claramente contraviene la finalidad y el espíritu bajo el cual se creó y modificó la Ley 29022 y tendría como única consecuencia el grave retraso de los planes de desarrollo de infraestructura en todo el país.

“Pretender regular las autorizaciones para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones como si se tratara de proyectos de inversión de la envergadura de una explotación minera al exigir contar con una explotación minera al exigir contar con una “licencia social” no solo va a desnaturalizar la finalidad de la aprobación automática sino que se afectará directamente el despliegue de la infraestructura toda vez que se alimentará de argumentos a los movimientos desinformados y agitadores sociales contrarios a la infraestructura de telecomunicaciones, en especial en las zonas rurales donde más se requiere de aquella y donde menos informada se encuentra la población”, precisó.

 

 

Fuente: Suplemento "Tecnología" de Expreso