Domingo 18 de Agosto
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Infraestructura: megatendencia global, por Gonzalo Prialé

La brecha de infraestructura se estima en más de $80,000 millones, digamos 40% del PBI. Según el ministro Segura, tomará décadas cerrarla. Si esto fuera así, estamos en serios problemas. Las necesidades insatisfechas y la población crecerán, mientras la nueva infraestructura no avanza y la calidad de vida se deteriora.

La infraestructura de uso público es la columna vertebral del país. Necesitamos encontrar la manera de superar las dificultades y los temores para enfrentar el cierre de la brecha con objetivos claros, autorizando las herramientas normativas o administrativas necesarias.

Alcanzar un ritmo de gasto anual en infraestructura de 5% del PBI, como el año pasado, es meritorio. Pero no basta. El ritmo debe ser continuo, sostenido, dentro de un plan de mediano plazo. Y un poco más alto.

En el documento oficial “Del diálogo a la acción: recomendaciones de políticas y propuestas de alianzas público privadas” elaborado por el BID tras el Diálogo Empresarial de las Américas llevado a cabo la semana pasada en Panamá, se recomienda mejorar la infraestructura para aumentar la productividad, fomentar mayor participación en cadenas mundiales de valor y seguir generando crecimiento; así como facilitar recursos financieros para estimular el crecimiento económico y la inversión en el desarrollo de infraestructura de uso público. También se propone la creación de un centro de supervisión y desarrollo de infraestructura para Latinoamérica y el Caribe que facilite la participación del sector privado y la creación de asociaciones público privadas (APP).

El documento añade que, según el BID, si la región duplica su inversión en infraestructura, crecerá cada año 2% del PBI más. Al 2012, según CEPAL, la inversión promedio en infraestructura clásica (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento) en la región fue 3.5% del PBI. Sin embargo -continúa CEPAL-, se necesita invertir anualmente 5.2% del PBI regional para responder a las necesidades de las personas y las empresas hasta 2020. Además, para alcanzar los niveles de inversión en infraestructura por habitante registrada en un grupo de exitosos países del sudeste asiático, habría que sostener un ritmo anual de inversión de 7.9% del PBI regional. Un gran reto.

En vez de la ruta que tomará décadas cerrar la brecha, se puede perfilar la ruta que tomará una década, y adoptarla como política de Estado. No importa quién gobierne, las inversiones continúan.

Veamos. Debiéramos invertir anualmente entre 6% a 7% del PBI, digamos 6.5%, en APP e iniciativas privadas (IP), como hicieron por décadas Corea, Japón y otros países asiáticos que salieron de la pobreza. La brecha total estimada en 40% del PBI se podría cerrar en seis años de adjudicaciones del orden de $14,000 millones anuales, que serían construidas en unos diez años, si se logra superar la permisología, para lo que serviría mucho aprobar la autorización única que permitiría iniciar las obras pronto tras la firma del contrato, con control expost, y una garantía bancaria de cumplimiento de los requisitos de los permisos necesarios. Puede suceder, como ocurre en cualquier país, que surjan inconvenientes, y que el proceso de cierre de la brecha tome once o doce años. No importa, eso sería razonable. Lo que no es razonable es no saber qué hacer después de las adjudicaciones, mientras los inicios de obras y la firma de adendas demoran cinco años o más en varios casos.

Para establecer una política de mediano plazo que trascienda periodos presidenciales se necesita un consenso básico favorable a la inversión privada en APP en infraestructura, que felizmente ya existe en el país. Lo cierto es que esto ha llegado a convertirse en una megatendencia global como se puede apreciar en los foros internacionales. Perú tiene ventajas porque ha acumulado experiencia para contratar, puede seguir mejorando los contratos y los concursos, cuenta con una institucionalidad de promoción de APP reconocida, una estructura regulatoria que acompaña, solvencia fiscal y muy bajo endeudamiento público neto, y un sector privado dispuesto a invertir.

También se necesita un plan de adjudicaciones de APP y/o IP a cinco años, y asumir una política de endeudamiento anual para cofinanciar los proyectos. Esto último parece complicado, aunque el FMI recomienda a los países endeudarse a largo plazo para construir infraestructura. A la larga los beneficios de los proyectos superan su costo financiero, de modo que el país puede endeudarse continuamente a largo plazo, mientras su relación deuda producto se mantiene o baja.

 

Fuente: Correo