En Enero pasado el Instituto Global McKinsey (IGM) publicó un estudio sobre el déficit de infraestructura a nivel global, tras analizar el gasto anual en infraestructura 1992-2011 en 84 países que representan 90% del PBI mundial.

Se comenta que la crisis en los países desarrollados desatada en Septiembre 2008 tenía que llegar al Perú y estaría frenando el ritmo de crecimiento desde Marzo pasado. Al mismo tiempo, hubo una crisis de confianza del sector empresarial, superada tras el anuncio de siete líneas de acción con normas para superar la parálisis de inversiones que, según informes, superan los 50,000 millones de dólares en proyectos en minería, energía, industrias e infraestructura.

La inversión en grandes proyectos está paralizada por trabas. 41,000 millones de dólares de inversiones mineras, energéticas, y en infraestructura están paralizadas. La causa principal es el temor de los funcionarios a tomar decisiones que pueden conducir a juicios en los años siguientes. En cambio, el no tomar decisiones, no acarrea sanciones. A esto se suman los prejuicios de funcionarios a todo nivel, respecto a que los empresarios privados solo buscan beneficios desmedidos.

La sensata decisión del Gobierno, adoptada por el directorio de Petroperú, trae calma a los mercados, aunque sigue pendiente la derogatoria del DS 012 que aprobó el reglamento de la ley de fortalecimiento de Petroperú.

La situación venezolana debiera hacernos reflexionar. Es que no existe un modelo chavista en lo político y otro modelo chavista en lo económico. La política de subsidios inmensos desde Venezuela a varios países latinoamericanos, con fines clientelistas, parece haberle funcionado a Maduro pues logró el apoyo de Unasur reunida en Lima para la ocasión. Unasur, lastimosamente, pareciera estar hecha a la medida y al servicio incondicional de la Venezuela chavista.

Hace unos meses, el año pasado, se pudo apreciar un consenso general sobre la ineficacia del sector público y la necesidad de un shock de gerencia estatal. Hubo algunos anuncios oficiales que, vistos en retrospectiva, sin dudar de su buena intención, parecieran haber sido hechos para salir del paso.

La votación en la revocación deja un claro y contundente mensaje a favor de las obras de infraestructura de servicios públicos. Quienes votaron por el No, en el caso de la Alcaldesa, lo hicieron porque creyeron en su mensaje de clara voluntad de continuar sacando adelante, con la participación de la inversión privada, grandes proyectos que Lima necesita.

Un estudio reciente por economistas de la Universidad del Pacifico, prevé una gran crisis del modelo actual a 15 años, a fines de la próxima década, si es que no hacemos algo por cambiar su dependencia de las exportaciones mineras y si no diversificamos la estructura productiva con industrias que agreguen valor en el país.

El gobierno anunció un programa de 8,443 millones de soles de inversiones por Sedapal hasta el 2017, en 148 proyectos de agua y alcantarillado para todo Lima y Callao, que incluyen 81 proyectos de ampliación de cobertura por 5,631 millones (67%) y 67 proyectos de rehabilitación y mantenimiento por 2,812 millones (33%), para llegar a cubrir al 100% las necesidades de servicios de agua y desagüe.

El sol se aprecia, el dólar pierde valor, y Roberto Abusada dice que esto es una buena noticia, una señal de la fortaleza de la economía peruana.