Seguridad ciudadanía y telecomunicaciones: límites de la responsabilidad privada | Informe especial

Combatir la ola de criminalidad es nuestro desafío más urgente como sociedad. Según cifras del Ministerio Público, durante el 2025 se presentaron 28,948 denuncias por el delito de extorsión, aunque el número de víctimas probablemente es mayor. El sector de las telecomunicaciones no es ajeno a esta realidad. Sin embargo, observamos que existe una tendencia regulatoria por parte de diversas entidades del Estado que buscan imponer a las empresas prestadoras de este servicio público obligaciones de seguridad ciudadana y soluciones técnicas que, en la práctica, no son viables ni atacan el problema de fondo.

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